Fotografía: Archivo Diario El Mundo.


 

A diez años de prisión fue condenada Sonia del Carmen Morales de Mendoza, una ama de casa que la Fiscalía General de la República (FGR) acusó en el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, por el delito de lavado de dinero y activos.

El juez de la causa valoró una serie de prueba que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la FGR recopiló en la fase de la investigación donde consta que los $20.9 millones que la mujer introdujo al sistema financiero salvadoreño no fueron justificados.

En el desarrollo de la vista pública la defensa no pudo demostrarle al juez que ese dinero fue obtenido lícitamente, la UIF a través de experticias financieras evidenció que los $20,902,623.83, fueron depositados y retirados en 22 cuentas de 12 entidades bancarias.

Morales de Mendoza, una cambista de moneda de 55 años, dijo que desde joven se había dedicado al negocio de las divisas, pero en el juicio no pudo comprobar que esas millonarias cantidades de dinero que hizo transitar en el sistema financiero local fueran producto de esa actividad.

Según la UIF, los más de $20.9 millones fueron blanqueados entre los años 1999, 2005, 2009 y 2010. La indagación comenzó en sede fiscal tras un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) en el cual se alertaba a al Ministerio Público que la mujer estaba realizando transacciones irregulares.

Cuando la Fiscalía comenzó a rastrear cronológicamente las operaciones financieras bancarias y a indagar si Morales de Mendoza, tenía algún tipo de empresas o negocios que le permitiera tener esa cantidades de dinero exorbitantes, no hallaron ningún registro, tampoco pudieron encontrar información en las AFP y Seguro Social en la que constara que era empleada o empleadora, el Ministerio de Hacienda tampoco reportó que tuviera registros de declaración de IVA y renta, en el mapa institucional no había ni un tan solo registro de la lavadora de dinero.

Con todos esos elementos indiciarios la UIF giró orden de captura el 16 de diciembre del año 2014 y en todas las fases procesales los jueces resolvieron en contra de la acusada y todos esos indicios obtenidos por la Fiscalía se convirtieron en contundentes pruebas analizadas en la vista pública que culminó con el veredicto condenatorio.